Dos fiscales de Argentina pidieron elevar a juicio oral una causa en la que están procesados la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.
Los procuradores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideraron cerrada la etapa de instrucción de este caso, al apuntar que se encuentra “cabalmente demostrado” que “se instrumentó un mecanismo constante y permanente de lavado de dinero” a través de la actividad inmobiliaria de la sociedad familiar Los Sauces.
Para los fiscales, está corroborada la existencia de esta y, por ende, que el matrimonio presidencial, junto a funcionarios públicos de distintas carteras y empresarios “allegados”, como los constructores Lázaro Báez o Cristóbal López, articularon “planes delictivos” para “permitir a unos y a otros obtener fondos y beneficios del Estado”.
El juez federal Claudio Bonadio procesó a la expresidenta en abril del año pasado al considerarla “penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe”, un delito que se dio “en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito”, agravado por ser funcionario público y por “negociaciones incompatibles”
