El colaborador en seguridad de Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, despedido por golpear a manifestantes y usurpar la función de policía, podría ser inculpado este domingo, agravando aún más la crisis política en momentos en que la oposición cuestiona con dureza el silencio del presidente.
La justicia anunció este domingo que abrió una investigación por los cargos de «violencia en reunión» e «injerencia en el ejercicio de una función pública», tras las agresiones cometidas por Benalla el 1 de mayo junto a Vincent Crase, empleado del partido presidencial LREM, y ambos reservistas de la gendarmería.
El hecho llevará el lunes al ministro del Interior, Gérard Collomb, ante una comisión de la Asamblea Nacional para explicar el caso.
Este domingo comparecerán ante un juez de instrucción cinco personas, incluido Benalla y Crase, filmados cuando golpeaban y zarandeaban a manifestantes el 1 de mayo, mientras acompañaban como «observadores» a la policía durante las manifestaciones por el Día de los Trabajadores en París.
También están citados ante el juez tres policías sospechosos de haber entregado a Benalla imágenes de cámaras de seguridad.
La mujer y el hombre agredidos durante esas manifestaciones pidieron ser interrogados posteriormente por los investigadores que llevan el caso.
Desde principios de la semana pasada cada día surgen nuevas revelaciones sobre los privilegios con los que contaba Benalla, que a sus 26 años era adjunto del jefe de gabinete de la presidencia y se ocupaba de tareas de seguridad, con una oficina en el Palacio del Elíseo y credencial para acceder a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento).
