Aborto en Chile: gobierno rectifica reglamento para clínicas

El Ministerio de Salud de Chile publicó un nuevo reglamento sobre el aborto que establece que las clínicas privadas que reciban dinero público por servicios de obstetricia y ginecología no pueden ser objetoras de conciencia.

La medida publicada el fin de semana restablece lo ordenado originalmente en enero por el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet (2014-2018), reglamento que fue derogado por el nuevo gobierno 12 días después de asumir el cargo.

Tras asumir su cargo, el ministro de Salud Emilio Santelices publicó un protocolo para el aborto en tres causales _inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre y violación_ que permitía a las clínicas privadas que sirven a la red pública declararse como objetoras institucionales y seguir recibiendo dinero del Estado. La medida fue duramente criticada por la oposición y llevada ante la Contraloría, que, tras estudiarla, consideró en mayo que la modificación realizada “no se ajustaba a derecho”.

El reglamento anunciado el viernes establece que “siempre y cuando esté en riesgo inminente la vida de la madre, debe de practicarse la interrupción del embarazo, aunque el establecimiento o el profesional sea objetor».

Asimismo, fija que no se podrá discriminar quién es objetor sobre quien no y establece que quien se declare objetor en una institución ha de serlo en todos los establecimientos en que trabaje.

Un catastro realizado por el Ministerio de Salud en marzo reveló que hasta un tercio de los médicos en Chile se declaraban objetores, una cifra que podría cambiar con el tiempo.

Según datos publicados el sábado por la organización por los derechos sexuales y reproductivos Miles Chile, a nueve meses de aprobarse la ley del aborto se produjeron 258 casos y 230 de ellos (89%) se llevaron adelante. En otros 28 casos las mujeres decidieron continuar con el embarazo.

La promulgación de la ley del aborto en Chile es considerada uno de los logros históricos del gobierno de Bachelet, tras una dura y larga batalla en el Congreso, luego de casi 30 años en el que el país estuvo penalizado la interrupción del embarazo en todas sus formas.