Nicaragua cierra una semana llena de protestas y casi 10 muertos debido a los disturbios que se han registrado en todo su territorio por enfrentamientos entre las autoridades policiales y los pobladores que protestan en contra del aumento de impuesto en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Hasta este sábado, según anunció la vicepresidenta y esposa del jefe del Ejecutivo, Rosario Murillo, el saldo era de «casi 10 muertos», entre ellos un policía, y un centenar de heridos en los tres días de manifestaciones en los que ha habido enfrentamientos en las calles entre policías y opositores a Ortega, quien mantiene una dinastía familiar en el país.
Ortega, líder absoluto del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y que fue reelegido en las elecciones del pasado 6 de noviembre de 2016 por tercera vez consecutiva como máximo mandatario del país centroamericano, estaba acostumbrado a imponer sus decisiones desde el 2007 sin apenas oposición en las calles llegando incluso a eliminar del Congreso al único grupo de oposición elegido en los comicios de 2011, el Partido Liberal Independiente.
Esta vez fue diferente, tras tocar el bolsillo de los seis millones de habitantes con un decreto presidencial, mediante el cual a partir del 1 de julio, los trabajadores tendrán que aportar al INSS un pago del 7%, en lugar del 6,25% actual, al tiempo que las empresas deberán incrementar su aporte del 19 al 21%, hasta alcanzar una cuota del 22,5% en el 2020.
Sin embargo, lo que ha causado más indignación ha sido la obligación que tendrán a partir de la citada fecha los 200.000 jubilados de Nicaragua de aportar un 5% de su pensión para que el INSS cubra el pago de las enfermedades y de maternidad.
Daniel Ortega no se esperaba esta firme oposición a las reformas al Seguro Social, que le han llevado incluso a sacar el Ejército a las calles de Managua y Estelí para tratar de resguardar instalaciones públicas ante una situación de protestas que se ha extendido por todo el país, tras iniciarse el miércoles en Managua y León.
La última vez que la población salió a las calles de forma masiva fue en 2015, cuando las organizaciones campesinas convocaron manifestaciones contra el megaproyecto de una firma china para la construcción de un canal interoceánico a través del Lago Nicaragua, con una inversión de 50.000 millones de dólares.
Esta infraestructura, que según defendió Ortega, duplicará el Producto Interior Bruto, obligaría a la reubicación de 27.000 personas.
En esta ocasión, la situación se le fue de las manos, ya que incluso las patronales empresariales no han visto con buenos ojos las reformas impuestas por él y han convocado una marcha nacional para el próximo lunes, con el fin de manifestarse «de forma pacífica» en contra de las reformas que también les afecta y que, según advierten, repercutirán negativamente en la creación de empleos y en el crecimiento económico.
Así, señalan que estas medidas supondrán que dejen de circular en la economía unos 200 millones de dólares, lo que representa el 1,5 por ciento del PIB.cortesía elmundo.es
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