La Corte Suprema de Brasil le dio hoy un plazo de 30 días al Gobierno brasileño para que se pronuncie sobre la petición en la que el estado de Roraima solicitó el cierre de la frontera con Venezuela ante la imposibilidad de atender a todos los inmigrantes que han ingresado desde el país vecino.
El plazo fue establecido por la magistrada Rosa Weber, que será la instructora en el Supremo Tribunal Federal (STF) de la demanda presentada por la gobernadora de Roraima, Suely Campos.
Hasta ahora tanto el presidente brasileño, Michel Temer, como su ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, han dicho que no ven motivos para cerrar la frontera con Venezuela a pesar de la llegada masiva en los últimos meses de inmigrantes venezolanos que huyen de la «crisis humanitaria» en su país.
Weber, sin embargo, instó al Gobierno a que defienda sus argumentos en la respuesta que tiene que presentar ante la Corte Suprema a la exigencia del gobierno regional de Roraima.
La magistrada también determinó que en ese mismo plazo de 30 días ambas partes se pronuncien sobre una posible conciliación amigable para superar el asunto.
Weber alegó que el diálogo y la cooperación institucional son «imprescindibles» para solucionar los conflictos entre el gobierno federal y las unidades federativas y que en este tipo de disputas la Justicia tiene que actuar con «cautela».
La gobernadora de Roraima, estado que en los últimos meses ha recibido a miles de inmigrantes venezolanos, alega que esa administración no puede soportar el alto costo social y económico causado por el éxodo de venezolanos.
Igualmente argumenta que, sin ayuda financiera y ante el aumento descontrolado del flujo migratorio, el estado más pobre de Brasil no tiene condiciones de ofrecerle a todos los inmigrantes venezolanos los servicios obligatorios como salud y educación.
Las autoridades brasileñas calculan que cerca de 50.000 venezolanos se han establecido en los últimos meses en Boa Vista, capital de Roraima, lo que supone más del 10 % de la población total de esa ciudad, estimada en unos 320.000 habitantes.
Ante este panorama, Temer reconoció el pasado 15 de febrero en un decreto la «situación de vulnerabilidad» en Roraima e impulsó, con carácter de urgencia, una serie de medidas de asistencia humanitaria para los inmigrantes del vecino país.
Pero el gobierno de Roraima alega que esta ayuda es insuficiente y que no llegó a tiempo.
