INFOBAE. «Hay mérito suficiente para iniciarle un proceso a Nicolás
Maduro por presunción de comisión de corrupción», aseguró el
Tribunal Supremo de Justicia en Bogotá, donde funciona en el exilio.
Además, se decretó la prisión preventiva y para eso se ordenó «a
las FFAA que procedan a su detención».
La Corte, también decidió notificar a Interpol para que incluya a
Nicolás Maduro entre las personas con alerta roja
internacionalpor tener orden de detención válida.
«Todos los cuerpos de seguridad en Venezuela deben obedecer
la orden de privación de libertad a Nicolás Maduro», declaró el
TSJ.
El acto, al que no asistió Maduro ni su defensa, contó con la
participación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
destituidos por la Asamblea Nacional Constituyente, considerada
fraudulenta por la oposición venezolana y parte de la comunidad
internacional; y con Luisa Ortega Díaz, la fiscal general
desplazada por el régimen.
Todos los cuerpos de seguridad en
Venezuela deben obedecer la orden de
privación de libertad a Nicolás Maduro
De hecho, la decisión del TSJ llega luego de una investigación de la
propia Ortega Díaz, en la que se comprueba la participación de
Maduro en sobornos de Odebrecht que causaron un «daño al
patrimonio público y un perjuicio a la sociedad», y aseguró que sus
consecuencias se ven en la «actual crisis humanitaria» que vive el
país.
Entre los proyectos afectados, la destituida fiscal mencionó la
construcción inconclusa del segundo puente del lago de Maracaibo,
por el cual el Estado suscribió un primer contrato por más de 2.370
millones de dólares y fue ampliado a más de 3.187 millones de
dólares.
«Se encontró información de al menos 13 proyectos del Estado
contratados por Odebrecht y que están en la misma situación: la
línea 5 del metro de Caracas, el sistema masivo de transporte de
Caracas», mencionó a modo de ejemplo Ortega.
La ex fiscal acusa a Maduro con base en las declaraciones hechas
por el asesor político Joao Santana a la Justicia brasileña en las que
dijo que el fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario
recibieron dinero para campañas políticas y suscribieron contratos
con la multinacional.
«Si ganaban las elecciones iban a favorecer a Odebrecht en diversos
proyectos y a aumentar el valor de contratos (…) fue tal el
compromiso de Maduro que toma posesión (como presidente) el 19
de abril de 2013 y el 4 de mayo estaba aprobando el número de
cuenta para desembolsar el dinero», agregó.
El Supremo funciona en el exilio y se autodenomina «legítimo» al
considerar que el que opera en Caracas carece de
independencia del régimen.
Luego de la lectura del fallo, el TSJ anunció que participará de la
Cumbre de Las Américas, donde Nicolás Maduro no está invitado.
