La Fiscalía Especial de Impugnaciones se notificó en las últimas horas de la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción que declara «Con Lugar» el Recurso de Apelación interpuesto en contra de las medidas sustitutivas otorgadas por un juez de primera instancia a favor del exministro de Educación, José Alejandro Ventura Soriano, acusado del delito de Abuso de Autoridad en un caso del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA).
En tal sentido, el Tribunal de Alzada ordena que a Ventura Soriano se le imponga la medida cautelar de Prisión Preventiva en razón de tener cuatro procesos penales activos y traslada al Juzgado competente el expediente para que se de inmediato cumplimiento a esta determinación.
Al exfuncionario la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) lo acusa junto a otros 10 exdirectivos y exfuncionarios del IMPREMA, por irregularidades en un contrato de licitación del proyecto de pavimentación de la colonia capitalina La Cañada.
Los demás imputados son: los exmiembros del Comité Ejecutivo, Pedro Arnaldo Pinto, Darío Roberto Cardona Valle, Oscar René Recarte, Saturnino Sánchez, Milton Daniel Bardales y Lorenzo Sauceda Cálix, así como los exintegrantes de la Junta Evaluadora del Proyecto, René Elizabeth Gutiérrez, Ángel Moisés Perdomo Laínez, Mario Alberto Batres y Oscar Nahun Rubí Flores.
A todos se les notificó en enero pasado la resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán de fecha 17 de julio de 2017 que revocó los sobreseimientos provisionales emitidos a su favor en primera instancia y que les dictó Auto de Formal Procesamiento en su contra.
Luego, en fecha 8 de febrero se emite el Auto de Apertura a Juicio por diversos delitos, entre ellos, Abuso de Autoridad, Fraude y Malversación de Caudales Público, en una causa en la que las investigaciones de la FETCCOP establecen que en el año 2008 se emitió de forma ilegal un decreto de emergencia que autorizaba la contratación directa de la empresa PRODINCO para cementar las calles de colonia La Cañada, cuyo monto total ascendió a más de 23 millones de lempiras, dándose en diferentes etapas del proceso una serie de anomalías que contravienen la Ley de Contratación del Estado y en lo referente a las disposiciones generales de presupuesto y de carácter financiero.
Cabe mencionar, que así como se recurrieron las medidas sustitutivas a favor de Alejandro Ventura, también se apeló en iguales términos los casos de Dario Roberto Cardona Valle y Oscar René Recarte, quedando a la espera de una resolución judicial
