El Congreso Nacional de la República aprobó el decreto No. 141-2017, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2018.
En el artículo 237 de dicha ley se reforman los artículos 16 y 131 -A de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto No. 83-2004).
A través de esta reforma se establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y Organizaciones No Gubernamentales ONG´s.
Lo anterior se hizo con el propósito que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sea el encargado de la auditoría de dichos recursos por un periodo de tres años contados a partir de la publicación de la reforma en mención en el diario Oficial La Gaceta, la cual fue este pasado 18 de enero.
Dicha disposición implica que durante se esté realizando dicha auditoría e investigación especial «no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal».
Esta norma pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de aquellos altos funcionarios que se han apropiado de los dineros públicos.
Busca además, que la documentación incautada por la MACCIH sea entregada al TSC, impidiendo el uso de las pruebas correspondientes para incriminar a responsables de ilícitos penales en poder de la fiscalía.
Lo anterior la MACCIH lo consideró como un Pacto de Impunidad que el pueblo hondureño debe conocer. MG
