Los magistrados afirmaron que Calderón y otros imputados conocían que las comisiones eran fondos públicos, por lo que incurrieron en peculado en perjuicio del Estado y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el adelanto de una sentencia que será leída completamente por el tribunal el próximo 3 de noviembre.
A partir de ahí, las partes tendrán 15 días hábiles para estudiarla y apelar el fallo.
Calderón, quien gobernó el país de 1990 a 1994, afirmó a periodistas después de escuchar la sentencia que «no hay pruebas» para que lo condenaran y adelantó que presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia.
Al mismo tiempo, anunció que abandona la candidatura presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para las elecciones de febrero próximo, pues no se siente con «autoridad moral» para pedirle votos al electorado.
En las afueras de los tribunales, bajo una fuerte lluvia, decenas de seguidores del ex presidente, ataviados con los colores rojo y azul del PUSC, gritaban consignas en favor de Calderón y de su «inocencia».
Este caso se relaciona con el reparto de 8 millones de dólares en comisiones de un préstamo de 39,5 millones de dólares que la CCSS suscribió con Finlandia en 2002 para la compra de equipo médico a una empresa de esa nación.
La acusación de la Fiscalía indicaba que Calderón y los otros siete imputados idearon un «plan delictivo» para garantizar la compra de los equipos finlandeses y sacar provecho del préstamo.
Según la acusación de la Fiscalía, el ex presidente recibió en una cuenta bancaria de Panamá una comisión de 520.000 dólares provenientes del crédito, tras mover influencias para la aprobación del crédito en al Asamblea Legislativa.
Junto a Calderón fue condenado por los mismos delitos y con la misma pena Eliseo Vargas, ex presidente de la CCSS, quien además fue inhabilitado durante seis años para aspirar a cualquier cargo público o de elección popular.
A cuatro años de cárcel fue condenado Walter Reiche, ex presidente de la Corporación Fischel, representante en Costa Rica de la firma finlandesa Instrumentarium Medko Medical, que vendió los equipos médicos a la CCSS.
Aunque los jueces determinaron que los equipos eran de «excelente calidad» y que el préstamo contenía condiciones «favorables» para el Estado, la jueza Teresita Rodríguez explicó que «la comisión en dólares que recibieron los sentenciados (…) fue por la adjudicación de la licitación de la CCSS a la empresa finlandesa».
El juicio, calificado como de «trámite complejo», se inició en noviembre de 2008, cuatro años después de que estallara el escándalo en la prensa; concluyó en septiembre de 2009 y la lectura de la sentencia se efectuó hoy, luego de un proceso en el que participaron casi 200 testigos.
Los otros condenados son el ex gerente de modernización de la CCSS, Juan Carlos Sánchez; el ex directivo de la CCSS, Gerardo Bolaños y el ex gerente general de Fischel, Marvin Barrantes, quienes recibieron penas de 3 años y seis meses de cárcel.
El ex gerente financiero de Fischel, Olman Valverde, fue absuelto, mientras Randall Vargas, ex abogado de Fischel, se le condenó a dos años de cárcel por destrucción de documentos y falsedad ideológica.
